Costa Rica anula la concesión minera a Infinito Gold

"Hace 12 años, el Estado de Costa Rica otorgó una concesión a Infinito Gold para la explotación de un yacimiento de oro a cielo abierto en la localidad de Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, muy cerca de la frontera con Nicaragua.

El gobierno del ex presidente Oscar Arias decretó que el proyecto minero era de “Interés Público y Conveniencia Nacional”. Sin embargo, a fines de 2010 la Sección IV del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) de Costa Rica ordenó cancelar la concesión, y en enero de 2011 la empresa presentó una apelación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La controversia, que mantuvo un bajo perfil durante todo el año, adquirió ribetes de escándalo luego de que el abogado y periodista William Méndez demostró que un magistrado entregó el borrador de la sentencia al gerente de la filial de Infinito Gold. La filtración del documento confidencial provocó la renuncia del magistrado suplente de la Sala Primera de la CSJ Moisés Fachler el 15 de noviembre de 2011.

Una semana después, mientras la Justicia todavía evaluaba la sentencia, fue publicado el XVII Informe Estado de la Nación que advierte sobre el conflicto entre la explotación minera y la protección de los recursos naturales de Costa Rica, considerando que la minería metálica a cielo abierto barre con todo lo que encuentra a su paso, modifica el curso de ríos y contamina acuíferos subterráneos.

Según ese documento oficial, difundido el 22 de noviembre, el 45% del territorio costarricense contendría yacimientos de oro, plata, cobre y níquel, pero en esa misma área se encuentra al menos el 60% de los bosques, el 90% de las áreas protegidas, reservas indígenas y corredores biológicos, y al menos el 60% de las zonas de recarga acuífera del país.

En ese contexto, el 30 de noviembre cinco magistrados de la Sala Primera de la CSJ ratificaron la sentencia de la Sección IV del TCA, que anuló permisos otorgados irregularmente a Infinito Gol, y también el decreto del ex presidente Arias que lo declaró de Interés Público y Conveniencia Nacional.

La Sala Primera ratificó la orden del TCA a la Fiscalía de investigar las actuaciones del gobierno de Arias sobre el decreto que favorecía a la empresa sin contar con estudios técnicos."

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